Soy de los que dudan de que el proyecto de ley laboral juvenil vaya a tener el efecto que se ha planteado en términos de cantidad de trabajadores que se logrará formalizar, pero también de los que considera que la crítica que se ha lanzado contra la norma está pecando de vacíos, simplificaciones o apasionamientos que limitan un debate que nos lleve a algún punto útil. 

Comencemos por lo segundo. Uno de los argumentos para criticar el proyecto de ley es que forma parte de la lógica del modelo neoliberal establecido en los 90 y del concepto del “cholo barato”. ¿Es así? No dudo de que parte de quienes la apoyan son quienes siguen creyendo que la clave del éxito está en desregular todo lo que sea posible, que el Estado debe reducirse a su mínima expresión, que el mercado debe ser el que se encargue de solucionarlo todo y que es posible alcanzar el desarrollo siendo un país primario exportador. Bajo esa concepción, acabar con la mayor cantidad de derechos laborales es un requisito indispensable para asegurar el crecimiento sostenido.

Pero también hay quienes ya apartados de la lógica del consenso de Washington y convencidos de la necesidad de que el Estado cumpla un rol activo en campos como la diversificación productiva, consideran que parte de la solución al problema de la informalidad pasa por reducir algunos beneficios laborales de manera temporal, hasta que los niveles de productividad del trabajador sustenten un mayor acceso a ingresos y derechos. Son dos miradas a las que incluso es posible asignarles nombres. En el primer grupo estaría, por ejemplo, el presidente de la Confiep Alfonso García Miró, y en el segundo, el de la Sociedad Nacional de Industrias Luis Salazar. Entre los economistas, el primero lo integraría Carlos Adrianzén, mientras el segundo, Elmer Cuba de Macroconsult.

¿Por qué es importante esta distinción? Porque más allá de disquisiciones ideológicas, ayuda a aproximarse al verdadero objetivo de la norma y a entender si esta apunta a mejorar la productividad y los derechos laborales en el mediano plazo, o si su objetivo es, efectivamente, avanzar paulatinamente hacia la desaparición de todo lo que impliquen derechos que a la vez sean un obstáculo para la acumulación empresarial.

¿En qué espacio político ideológico ubicamos esta iniciativa del Ejecutivo? Si consideramos otras medidas que se han ido impulsando, la conclusión sería que la pretensión es apuntar a mejorar la productividad del trabajo. Esta idea se refuerza con el énfasis que el mismo proyecto de ley le ha puesto a los incentivos para la capacitación laboral de los jóvenes. Si además incluimos en el análisis el plan de diversificación productiva impulsado desde el ministerio de la Producción -y que ha implicado confrontar ideológicamente a ese sector de la derecha más conservadora al que hacíamos referencia al inicio-, queda aún más claro hacia dónde se está queriendo ir. Finalmente, y no menos importante, una revisión del libro de los ahora ministros Piero Ghezzi y José Gallardo, ¿Qué hacer con el Perú?, ayuda a esclarecer cuál es el objetivo de la norma impulsada desde Produce.

Ahora bien, ¿conseguirá el proyecto de ley los objetivos que se está planteando? Una mirada a los resultados de las leyes especiales creadas para las mypes puede llevarnos a concluir que no. Si a ello le sumamos el hecho de que el problema de la informalidad en el Perú es más complejo que la mirada que lo reduce todo a los sobre costos, podríamos llegar a lo mismo. ¿Qué hacer entonces?

En el mediano y largo plazo la salida pasa por un proceso de desarrollo productivo, por una apuesta por la innovación, la ciencia y la tecnología, y por una reforma de la educación, campos todos en los que se está avanzando en mayor o menor medida -y que debieron impulsarse en la época de las vacas gordas-. Solo cuando logremos crear un sistema que incentive la innovación y la generación permanente de valor agregado así como una mejora constante de la productividad, podremos garantizar beneficios laborales y sociales para las mayorías, no para una minoría.

¿Qué hacer entonces en el corto plazo? La legislación laboral requiere ajustes que apunten a mejorar la productividad y a darle mayor capacidad de acción a las empresas siempre y cuando el objetivo sea avanzar hacia una mejora de los beneficios laborales en el mediano plazo y que en el corto plazo la Sunafil garantiza el cumplimiento estricto de las normas que estén vigentes. Además, se requiere una aproximación al problema que vaya más allá de lo económico empresarial. Si el origen de la cultura de la informalidad radica en un Estado que ha estado ausente tanto para hacer cumplir las normas como para hacernos sentir que formamos parte de un todo que nos beneficia, entonces se necesitan medidas que apunten también ahí. En términos de la norma en debate, ¿se requería por ejemplo ser más agresivo en la capacitación para los jóvenes?

Un conjunto de reformas de este tipo requeriría de un pacto político que les de estabilidad en el tiempo y que las hagan previsibles tanto para empresarios como para trabajadores. Más que previsibles, hace tiempo que es urgente que las personas recuperemos la confianza en que contamos con un Estado y con gobernantes cuya preocupación es beneficiar a las mayorías y no que reacciona frente a las demandas de un sector del empresariado o cuando las calles protestan. Pero ya hemos visto la calidad de los liderazgos políticos que tenemos. Esos sí que son baratos.